Las diversas acciones y movilizaciones que están llevando
adelante los integrantes de la Comunidad Agrícola La Dormida, luchando para ser
escuchados y que se respeten sus derechos, está dando algunos frutos.
Uno de ellos es la fuerza demostrada a través de la organización y la lucha
llevada adelante por la propia Comunidad, junto al movimiento social que la
apoya. Otro
es el de haber visibilizado el conflicto ante la opinión pública, con una
acción directa emprendida por tres luchadores sociales al permanecer a 40
metros de altura sobre una torre de alta tensión ubicada al interior de la
Comunidad de La Dormida, obligando a las autoridades a reaccionar, pero no a
través del diálogo, sino con la represión desmedida, lo que a su vez generó
muestras de apoyo y solidaridad en distintos sectores de la sociedad e hizo
poner oídos receptivos a otras instancias institucionales. Todo el accionar de la
comunidad organizada, junto con las y los luchadores sociales , ambientalistas
y ecologistas que los apoyan, obligó a que la Comisión de Medio Ambiente y
Recurso Naturales de la Cámara de Diputados haya accedido a funcionar en
terreno, acudiendo a la Junta de Vecinos La Ramayana, en el kilómetro 16,5 de
la Cuesta de La Dormida, a los pies de donde están emplazadas las torres de
alta tensión de la carretera eléctrica, para reunirse con la Comunidad y su Equipo
Jurídico, pudiendo así recoger
directamente de parte de las y los
comuneros los testimonios y las denuncias de las innumerables irregularidades
que presenta todo este proceso.
Más de 150 personas repletaron el local de la Junta de
Vecinos este miércoles 17 de abril, para participar en la sesión de la Comisión
del Medio Ambiente, la que se inició a las 16 horas y se extendió hasta las
18,30. Estuvieron presentes 4 Diputados, Félix González Gatica (Partido
Ecologista Verde), Amaro Labra Sepúlveda
(Partido Comunista), Diego Ibáñez Cotroneo (Revolución Democrática), Ricardo
Celis Araya (PPD) y 3 Diputadas,
Cristina Girardi Lavín (PPD), Catalina Pérez Salinas (Revolución Democrática),
Carolina Marzán Pinto (PPD). También acudió a esta sesión el Concejero de la
Comuna de Olmué, Pablo Altamirano. Representando a los comuneros y comuneras de
la Comunidad Agrícola de la Dormida expusieron sus denuncias y demandas Evelyn Marchant,
Presidenta de la Comunidad Agrícola La Dormida, Mario Aravena, Director de dicha
comunidad, Presidente de la Junta de Vecinos La Ramayana, Presidente de la Unión de Juntas de Vecinos
de la Comuna de Olmué, y Patricio Bravo, miembro del Equipo Jurídico.
En su presentación inicial, los Diputados y las Diputadas integrantes
de la Comisión resaltaron el hecho de la inasistencia de la Ministra del Medio
Ambiente y el Director del Servicio de Evaluación Ambiental, a quienes se les
cursó oficialmente una invitación, como asimismo manifestaron su cuestionamiento
por la ausencia de parlamentarios de los partidos de gobierno que integran la
Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
En primer lugar hizo uso de la palabra Evelyn Marchant,
Presidenta de la Comunidad Agrícola de La Dormida, quien hizo una detallada descripción de la
actividades productivas que se desarrollan en el territorio y al interior de la comunidad, desde su fundación
en el año 1952 en adelante, planteando posteriormente que “Todas las irregularidades que
nosotros hemos constatado se han efectuado bajo el permiso de la Calificación
Ambiental que tiene el proyecto, pese a que a nosotros no se nos ha evaluado
como corresponde, porque somos una Reserva Mundial de la Biósfera, y
específicamente una zona de amortiguación. Como Comunidad hicimos las
fiscalizaciones correspondientes, hemos hecho todos los reclamos a los
diferentes servicios y hemos acusado todas las irregularidades, el gobierno lo
sabe, lo sabe los fiscalizadores, lo sabe todo el mundo. Lo que pedimos es que
evalúen a la Comunidad como corresponde y que fiscalicen como corresponde.”
Posteriormente intervino Mario Aravena y, presentando imágenes captadas por los propios
comuneros, expuso los daños provocados en el terreno por el proyecto de la
carretera eléctrica sobre la flora endémica del sector, como asimismo las
deficientes condiciones de seguridad en que desarrollan su trabajo los
operarios contratados por la empresa. En una de las imágenes mostradas por el
comunero, se observa a un trabajador colgando del cable de un helicóptero, en el
que quedó enredado durante las faenas de trabajo. La pregunta que se hace Mario
Aravena es: “¿dónde están los entes fiscalizadores? la DGAC no está, la Inspección del Trabajo tampoco
está, SERNAGEOMIN no aparece, la Dirección General de Aguas tampoco aparece, el
Servicio de Salud no aparece. Entonces ¿quién hace la pega? Y en
seguida se responde:”Los ciudadanos hacemos la pega a los organismos del Estado.
Es decir, son los propios lugareños quienes han registrado y fiscalizado todas
estas irregularidades, las que han sido puestas en conocimiento de las
autoridades competentes, pero no ha ocurrido nada”.
Más adelante muestra
imágenes de un relave minero afectado por las faenas realizadas por la empresa
en sus trabajos de instalación de las torres, expresando que:
“Con este proyecto se ha intervenido el relave de la mina La Ramayana,
que dejó de funcionar a mediados de los años sesenta, lo que significa que el
material tóxico y metales pesados que están presentes allí en el cerro pueda
contaminar las napas subterráneas y los
esteros en donde está el agua que utiliza la comunidad, e incluso esta agua
contaminada puede llegar al Embalse Los Aromos, ubicado en la Comuna de
Limache, que entrega agua potable a Valparaíso, Quilpué, Con Con, Viña del Mar,
lo que generará un problema muy delicado.”
Posteriormente
agrega: “La ciudadanía, después de haber fiscalizado, denunciado, controlado,
alegado, haber ido a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara del Senado, el
año pasado y este año, los visitamos a ustedes también y a la Comisión de
Minería, desesperadamente la ciudadanía tuvo que arriesgar sus vidas arriba de
una torre de alta tensión para pedir que fueran escuchados, y qué se obtuvo de
eso, represión.
Entonces nos llama profundamente la atención que en vez de
generar un diálogo con la comunidad, que el gobierno se acercara a generar un
diálogo a dar una solución para destrabar este conflicto por medio del
Intendente, la Gobernadora, solicitamos que viniera la Ministra del Medio
Ambiente, ustedes mismos la tenían citada el día de hoy y no apareció, también
citaron al director del Servicio de Evaluación Ambiental para que viniera el
día de hoy y tampoco vino. Entonces, las instancias de diálogo por parte
nuestra han existido, han estado, no se han tomado, no hemos sido escuchados,
pero que tenemos: represión. Todo el día, las 24 horas del día tenemos a
Carabineros y Fuerzas Especiales dentro de nuestra Comunidad, ¿defendiendo
qué?, los intereses privados. Mi pregunta es ¿cuándo el organismo del Estado
vino a fiscalizar, vino a proteger o nos vino a cuidar a nosotros? Eso nunca ocurrió”
Patricio Bravo, como Abogado representante de la Comunidad,
al hacer uso de la palabra expuso:
“Como Equipo Jurídico tenemos pendiente una reclamación ante el SEAL,
para que revoque la Resolución de Impacto Ambiental y, mientras tanto ve este
procedimiento, suspenda esta resolución que está permitiendo a la empresa
trabajar (…) Ha sido un punto fuerte dentro de las demandas de la Comunidad y
del Movimiento Social el establecer que hay motivos suficientes para pedirle a
los organismos del Estado de que suspendan los trabajos, ya que aquí hay un
procedimiento que tiene vicios de fondo.
El reclamo principal que se realiza al Servicio de Evaluación Ambiental
habla que el proyecto altera las actividades económicas, sociales y culturales
desarrolladas por los comuneros durante generaciones, así como funciones eco
sistémicas que provee el lugar donde se emplaza la línea eléctrica.
Es una vergüenza para un organismo del Estado que un proyecto que no
reconoce en un primer momento la existencia de una Reserva de la Biósfera, luego se obliga a la empresa ha tener que
reconocer que hay una Reserva Mundial de la Biósfera, después ver que la
empresa reconoce que no va a poner ninguna medida de mitigación sobre la
Reserva de la Biósfera y finalmente aprobar igualmente el proyecto.
Al terminar la Resolución que califica favorablemente el proyecto,
nosotros nos pudimos dar cuenta de un detalle que no apareció en ningún
momento. No solamente hay un reconocimiento forzado de la existencia de una
Reserva de la Biósfera en este proyecto, sino que además no se reconoce la
existencia de la Comunidad Agrícola La Dormida, es decir, según la empresa, en
el proyecto presentado, aquí no vive nadie y como no vive nadie claramente no
hay medidas de mitigación. Esta es la situación a la que nosotros nos estamos
oponiendo jurídicamente en un proceso administrativo y en un proceso judicial.
No es posible entender que el Servicio de Evaluación Ambiental pueda haber
aprobado eso.
Respecto de las causas que están actualmente vigentes y con las cuales
el Equipo Jurídico está trabajando, nosotros tenemos dos causas en materia
civil en las cuales estamos alegando. Una de ellas tiene que ver
con el establecimiento de un Ministro de Fe que no corresponde para poder haber
abierto el paso de servidumbre para la construcción de las torres. La Ley
establece claramente que el Ministro de Fe que está capacitado para cerciorar
el ingreso de la Fuerza Pública es un Receptor Judicial, sin embargo el
Tribunal accedió a que el Ministro de Fe
fuera un Notario Público. Esa causa está en tramitación actualmente en
Tribunales y estamos pudiendo a los Tribunales Superiores de Justicia que
efectivamente reconozcan que un Notario Público no tiene las facultades de un
Receptor Judicial.
Luego de escuchar los testimonios y las denuncias de los
comuneros y el abogado integrante del Equipo Jurídico, respaldadas por
documentos y fotografías, los distintos Diputados y Diputadas entregaron sus
opiniones y reflexiones al respecto, las que fueron coincidentes en respaldar
los planteado por la Comunidad acordando
finalmente una serie de medidas que serán materializadas a través de distintos
Oficios tales como: Oficiar a la Conaf Regional respecto de la protección de la
Reserva Mundial de la Biósfera. Solicitar como Comisión, a la Alcaldesa de
Olmué , Macarena Santelices y al Concejo Municipal, información respecto a la
compatibilidad que tiene este proyecto con el Plan de Desarrollo Comunal.
Enviar un tercer Oficio al Ministerio del Interior para que señale si se
cumplieron los protocolos policiales los días del desalojo, es decir el jueves 11 y el viernes 12 de abril,
consultando además sí existe algún tipo de protocolo especial para las policías
cuando se trata de procedimientos en conflictos medioambientales y al mismo
tiempo Oficiar al Ministerio Público para que de claridad y certeza respecto de
los Oficios que se generaron, para saber si efectivamente existe un sustento
jurídico en los procedimientos anteriormente señalados. Por último se propuso
enviar un Oficio al Intendente Jorge Martínez para aclarar la legalidad de su
actuar, durante los días jueves 11 y viernes 12, respecto del desalojo que se
realizó y de la fuerza con que actuó la policía.
Guillermo Correa Camiroaga, La Dormida 17 abril 2019
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