Sorpresa, incredulidad fueron las reacciones de los pobladores de la isla Robinson Crusoe del Archipiélago de Juan Fernández, al enterarse del envío de efectivos de fuerzas especiales de carabineros con el fin de desalojar a los ocupantes del aeródromo de la isla y reestablecer el denominado “orden público”. Si se toma en cuenta que en dicha movilización, apoyada por la totalidad de los habitantes de la isla, fue absolutamente pacífica, y en la cual tomaron parte niños, jóvenes, mujeres, concejales y autoridades de todo el espectro político, parece a lo menos desproporcionado el envío de dicha fuerza policial, hecho confirmado por el propio intendente de la región, Raúl Celis. Afortunadamente, y para vergüenza de quienes dieron la orden, y cuando el contingente era trasladado en un barco de la Armada, una contraorden hizo que los efectivos fueran devueltos al continente. Este es uno de tantos chascarros del actual gobierno, y una demostración palpable de la inoperancia en la capacidad de asumir conflictos y la mentalidad represiva con que se enfrentan estos. Informaciones provenientes de lugareños de la isla, manifiestan que en la mesa de diálogo entablada y ante la promesa de una de las dos compañías aéreas que realizan transporte de langostas y mercaderías varias -Lassa-, de congelar su tarifa al precio existente antes de la súbita y leonina alza aplicada, se llegó a acuerdo en este punto. La mesa de negociación aborda ahora un punto álgido y de sumo interés para el pueblo de la isla, referido a la pronta tramitación de la Ley de Territorios Especiales que desde el año 2007 duerme en el anacrónico y antidemocrático Congreso Nacional. Demás está decir que resulta vergonzoso el gasto al erario público realizado en la movilización y posterior retorno desde alta mar de la tropa de efectivos policiales, situación que se intentado tapar de parte de las autoridades, conscientes de lo irracional de la medida adoptada. En corolario; una vez más paga Moya, es decir, todos los chilenos.
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