“Por esos muertos, nuestros muertos, pido castigo. Para los que de sangre salpicaron la patria,
pido castigo” ( Pablo Neruda )
Guillermo Correa Camiroaga, Valparaíso 24 de julio 2015
De vez en cuando estalla una bomba comunicacional que incrusta sus esquirlas en nuestras conciencias recordándonos el vergonzoso grado de impunidad que se instauró en nuestro país.
Después de 29 años en que se cometió el atroz atentado en contra de la vida de dos jóvenes chilenos, quemados vivo por una patrulla militar del “glorioso e invencible” Ejército de Chile en junio de 1986, en donde perdió vida Rodrigo Rojas Denegri y Carmen Gloria Quintana logró sobrevivir con casi el 70% de su cuerpo quemado, pero con inmensas secuelas físicas y psicológicas, un conscripto que estuvo presente en estos sucesos, Fernando Guzmán, que en ese entonces era un también un muchacho, ha roto el “pacto de silencio” impuesto por los uniformados entregando detalles inéditos a los tribunales, lo que ha permitido reabrir el caso .
Se ha revelado así el verdadero nombre del autor material de este abominable hecho, el Coronel en retiro Julio Castañer, con grado de Teniente a cargo de la patrulla militar el año 86, quien hasta el día de hoy vivía tranquilo en Punta Arenas, gozando de un onerosa pensión del Estado chileno.
El conscripto Muñoz también develó asimismo el mecanismo institucional utilizado por el Ejército para hacer efectivo el nunca reconocido “pacto de silencio”, que incluye, no sólo prebendas y bonificaciones, sino también amedrentamientos directos.
Este hecho pone en vitrina ante nosotros el verdadero rostro de la impunidad que impera en nuestro país haciéndonos ver cuál ha sido la actitud de los distintos gobiernos civiles que siguieron a la dictadura, los cuales han mostrado una inaceptable cobardía política y moral , sometiéndose en los hechos al dominio del poder fáctico ostentado por las Fuerzas Armadas. Han permitido que siga
funcionando sin contrapesos la “justicia militar” en casos que afectan a civiles y basta recordar dos ejemplos para ver el grado de impunidad con que esta actúa: en el asesinato del comunero Mapuche Alex Lemún, un joven de 17 años que falleció a causa de un balin metálico recibido en el cráneo, disparado por el Teniente de Carabineros Marco Aurelio Treuer. El responsable fue “sobreseído de los cargos” por la Corte Marcial. Este hecho ocurrió el 11de noviembre del año 2002, bajo el gobierno de Ricardo Lagos. Recientemente, en mayo de este año, bajo el actual gobierno de la Nueva Mayoría encabezado por Michelle Bachelet, se conoció la “sentencia definitiva” por parte de la justicia miliar en contra del Sargento (r) de Carabineros Miguel Mallecura, autor material del asesinato del joven Manuel Gutiérrez, de 16 años de edad, quien fue herido mortalmente, el 26 de agosto del 2011, por un disparo proveniente de la subametralladora uzi disparada por el uniformado. Su condena fue de tres años y un día de libertad vigilada.
Por otra parte, los juicios llevados adelante en contra de los violadores de Derechos Humanos, constitutivos de crímenes de lesa humanidad, han llevado a prisión a un reducido número de uniformados, los cuales siguen acumulando sentencias, tratando de demostrar con esto la culpabilidad individual o de un pequeño número de uniformados, desconociendo de esta manera el actuar institucional de las Fuerzas Armadas las que, basadas en la doctrina de la seguridad nacional, actuaron en contra del personas indefensas, bajo la concepción del enemigo interno, aplicando en contra de ellas el Terrorismo de Estado en todas sus bárbaras y crueles manifestaciones que incluye el caso de estos jóvenes quemados vivos.
Sobre este gravísimo hecho, el gobierno de la Nueva Mayoría a mirado para el lado sin tomar una decisión firme y drástica, terminando con los privilegios de estos criminales no sólo en sus condiciones de reclusión, sino también aquellos que dicen relación con la mantención de sus grados militares y beneficios asistenciales y remunerativos.
Por otro lado, pese a investigaciones acuciosas y valerosas llevadas adelante por Magistrados honestos, los tribunales se encargan, a la hora de la sentencia, de buscar y utilizar todos los resquicios y vericuetos legales como la “media prescripción”, por ejemplo, que finalmente determina en la práctica sentencias bajísimas que deben ser cumplidas en libertad vigilada o con pena remitida. Es decir los culpables de crímenes horrendos cumplen su sentencia en libertad.
Esta es la dolorosa realidad que aparece ante nuestros ojos con las esquirlas que remueven nuestras conciencias provenientes de “bombas noticiosas” representada en esta ocasión con el denominado “caso quemados”.
Toda esta impunidad no es fruto del azar, sino de la doctrina de la “justicia en la medida de lo posible”, instaurada por Patricio Aylwin y continuada y profundizada en forma timorata por los gobiernos de la Concertación, quienes tuvieron “estómago” para rescatar de la justicia internacional al Dictador Pinochet y le permitieron morir libre de toda condena en nuestro país.
Cuando prometían que la “alegría ya viene”, ahora podemos darnos cuenta de que tipo de alegría se trata. Una alegría que ha dado impunidad a un sinnúmero de violadores de Derechos Humanos y ha entregado las riquezas del país a empresarios nacionales e internacionales a través de la profundización del modelo neoliberal impuesto en dictadura.
Precisamente ahora, mientras termino esta crónica, escucho la noticia de la muerte de un trabajador de una empresa contratista de Codelco, Nelson Quichillao López, tras recibir un disparo de parte de las Fuerzas Especiales de Carabineros, quienes reprimieron brutalmente la movilización que mantenían estos trabajadores por mejoras laborales, en el camino de acceso a la división El Salvador. El comunicado de Carabineros de la Región de Atacama manifiesta en algunos de sus puntos que : (…)”2.- durante la noche del 23 de julio, conforme a la normativa legal y reglamentaria hubo necesidad de despejar la ruta bloqueada, momento en que los manifestantes atacaron violentamente a los carabineros que resguardaban el lugar, embistiéndolos con maquinaria pesada de faena minera-cargadores ‘scoop’- poniendo en grave riesgo la vida del personal institucional así como de los mismos manifestantes. 3.- Ante el incremento de esta violencia y agresión, se debió hacer uso del armamento de servicio disparando hacia las máquinas, para detener su accionar” y en otros de sus párrafos declaran: (…)”la institución respeta el legítimo derecho a manifestarse, pero también, al mismo tiempo, tiene la obligación de restablecer el orden público cuando este ha sido quebrantado, con los elementos de protección autorizado por ley”.
En otras palabras, el comunicado de Carabineros expresa que actuaron en legítima defensa y haciendo uso legítimo de la fuerza. Así de simple y categórico para ellos.
Estas frases, si escudriñamos en nuestro reciente pasado de represión, parecen calcadas de otras declaraciones ya leídas que buscan justificar un accionar represivo que actúa criminalizando el accionar de las movilizaciones populares.
La alegría prometida sigue transformándose en muerte para los que luchan por sus legítimos derechos.
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