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COMISIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS SESIONA EN CUESTA LA DORMIDA


Las diversas acciones y movilizaciones que están llevando adelante los integrantes de la Comunidad Agrícola La Dormida, luchando para ser escuchados y que se respeten sus derechos,  está dando algunos frutos.                                                                                                                                  Uno de ellos es la fuerza demostrada a través de la organización y la lucha llevada adelante por la propia Comunidad, junto al movimiento social que la apoya.                                                                        Otro es el de haber visibilizado el conflicto ante la opinión pública, con una acción directa emprendida por tres luchadores sociales al permanecer a 40 metros de altura sobre una torre de alta tensión ubicada al interior de la Comunidad de La Dormida, obligando a las autoridades a reaccionar, pero no a través del diálogo, sino con la represión desmedida, lo que a su vez generó muestras de apoyo y solidaridad en distintos sectores de la sociedad e hizo poner oídos receptivos a otras instancias institucionales.                                                                                                                        Todo el accionar de la comunidad organizada, junto con las y los luchadores sociales , ambientalistas y ecologistas que los apoyan, obligó a que la Comisión de Medio Ambiente y Recurso Naturales de la Cámara de Diputados haya accedido a funcionar en terreno, acudiendo a la Junta de Vecinos La Ramayana, en el kilómetro 16,5 de la Cuesta de La Dormida, a los pies de donde están emplazadas las torres de alta tensión de la carretera eléctrica, para reunirse con la Comunidad y su Equipo Jurídico, pudiendo  así recoger directamente de parte de las y  los comuneros los testimonios y las denuncias de las innumerables irregularidades que presenta todo este proceso.

Más de 150 personas repletaron el local de la Junta de Vecinos este miércoles 17 de abril, para participar en la sesión de la Comisión del Medio Ambiente, la que se inició a las 16 horas y se extendió hasta las 18,30. Estuvieron presentes 4 Diputados, Félix González Gatica (Partido Ecologista Verde), Amaro Labra  Sepúlveda (Partido Comunista), Diego Ibáñez Cotroneo (Revolución Democrática), Ricardo Celis Araya (PPD)  y 3 Diputadas, Cristina Girardi Lavín (PPD), Catalina Pérez Salinas (Revolución Democrática), Carolina Marzán Pinto (PPD). También acudió a esta sesión el Concejero de la Comuna de Olmué, Pablo Altamirano. Representando a los comuneros y comuneras de la Comunidad Agrícola de la Dormida expusieron sus  denuncias y demandas Evelyn Marchant, Presidenta de la Comunidad Agrícola La Dormida, Mario Aravena, Director de dicha comunidad, Presidente de la Junta de Vecinos La Ramayana,  Presidente de la Unión de Juntas de Vecinos de la Comuna de Olmué, y Patricio Bravo, miembro del Equipo Jurídico.

En su presentación inicial, los Diputados y las Diputadas integrantes de la Comisión resaltaron el hecho de la inasistencia de la Ministra del Medio Ambiente y el Director del Servicio de Evaluación Ambiental, a quienes se les cursó oficialmente una invitación, como asimismo manifestaron su cuestionamiento por la ausencia de parlamentarios de los partidos de gobierno que integran la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales.




En primer lugar hizo uso de la palabra Evelyn Marchant, Presidenta de la Comunidad Agrícola de La Dormida,  quien hizo una detallada descripción de la actividades productivas que se desarrollan en el territorio y al  interior de la comunidad, desde su fundación en el año 1952 en adelante, planteando posteriormente que “Todas las irregularidades que nosotros hemos constatado se han efectuado bajo el permiso de la Calificación Ambiental que tiene el proyecto, pese a que a nosotros no se nos ha evaluado como corresponde, porque somos una Reserva Mundial de la Biósfera, y específicamente una zona de amortiguación. Como Comunidad hicimos las fiscalizaciones correspondientes, hemos hecho todos los reclamos a los diferentes servicios y hemos acusado todas las irregularidades, el gobierno lo sabe, lo sabe los fiscalizadores, lo sabe todo el mundo. Lo que pedimos es que evalúen a la Comunidad como corresponde y que fiscalicen como corresponde.”
Posteriormente intervino Mario Aravena  y,  presentando imágenes captadas por los propios comuneros, expuso los daños provocados en el terreno por el proyecto de la carretera eléctrica sobre la flora endémica del sector, como asimismo las deficientes condiciones de seguridad en que desarrollan su trabajo los operarios contratados por la empresa. En una de las imágenes mostradas por el comunero, se observa a un trabajador colgando del cable de un helicóptero, en el que quedó enredado durante las faenas de trabajo. La pregunta que se hace Mario Aravena es: “¿dónde están los entes fiscalizadores? la DGAC  no está, la Inspección del Trabajo tampoco está, SERNAGEOMIN no aparece, la Dirección General de Aguas tampoco aparece, el Servicio de Salud no aparece. Entonces ¿quién hace la pega? Y en seguida se responde:”Los ciudadanos  hacemos la pega a los organismos del Estado. Es decir, son los propios lugareños quienes han registrado y fiscalizado todas estas irregularidades, las que han sido puestas en conocimiento de las autoridades competentes, pero no ha ocurrido nada”.

 Más adelante muestra imágenes de un relave minero afectado por las faenas realizadas por la empresa en sus trabajos de instalación de las torres, expresando que:
“Con este proyecto se ha intervenido el relave de la mina La Ramayana, que dejó de funcionar a mediados de los años sesenta, lo que significa que el material tóxico y metales pesados que están presentes allí en el cerro pueda contaminar las napas subterráneas y  los esteros en donde está el agua que utiliza la comunidad, e incluso esta agua contaminada puede llegar al Embalse Los Aromos, ubicado en la Comuna de Limache, que entrega agua potable a Valparaíso, Quilpué, Con Con, Viña del Mar, lo que generará un problema muy delicado.”
 Posteriormente agrega: “La ciudadanía, después de haber fiscalizado, denunciado, controlado, alegado, haber ido a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara del Senado, el año pasado y este año, los visitamos a ustedes también y a la Comisión de Minería, desesperadamente la ciudadanía tuvo que arriesgar sus vidas arriba de una torre de alta tensión para pedir que fueran escuchados, y qué se obtuvo de eso, represión.                                                                                       Entonces nos llama  profundamente la atención que en vez de generar un diálogo con la comunidad, que el gobierno se acercara a generar un diálogo a dar una solución para destrabar este conflicto por medio del Intendente, la Gobernadora, solicitamos que viniera la Ministra del Medio Ambiente, ustedes mismos la tenían citada el día de hoy y no apareció, también citaron al director del Servicio de Evaluación Ambiental para que viniera el día de hoy y tampoco vino. Entonces, las instancias de diálogo por parte nuestra han existido, han estado, no se han tomado, no hemos sido escuchados, pero que tenemos: represión. Todo el día, las 24 horas del día tenemos a Carabineros y Fuerzas Especiales dentro de nuestra Comunidad, ¿defendiendo qué?, los intereses privados. Mi pregunta es ¿cuándo el organismo del Estado vino a fiscalizar, vino a proteger o nos vino a cuidar a nosotros? Eso nunca ocurrió”
Patricio Bravo, como Abogado representante de la Comunidad, al hacer uso de la palabra expuso:
“Como Equipo Jurídico tenemos pendiente una reclamación ante el SEAL, para que revoque la Resolución de Impacto Ambiental y, mientras tanto ve este procedimiento, suspenda esta resolución que está permitiendo a la empresa trabajar (…) Ha sido un punto fuerte dentro de las demandas de la Comunidad y del Movimiento Social el establecer que hay motivos suficientes para pedirle a los organismos del Estado de que suspendan los trabajos, ya que aquí hay un procedimiento que tiene vicios de fondo.
El reclamo principal que se realiza al Servicio de Evaluación Ambiental habla que el proyecto altera las actividades económicas, sociales y culturales desarrolladas por los comuneros durante generaciones, así como funciones eco sistémicas que provee el lugar donde se emplaza la línea eléctrica.
Es una vergüenza para un organismo del Estado que un proyecto que no reconoce en un primer momento la existencia de una Reserva de la Biósfera,  luego se obliga a la empresa ha tener que reconocer que hay una Reserva Mundial de la Biósfera, después ver que la empresa reconoce que no va a poner ninguna medida de mitigación sobre la Reserva de la Biósfera y finalmente aprobar igualmente el proyecto.
Al terminar la Resolución que califica favorablemente el proyecto, nosotros nos pudimos dar cuenta de un detalle que no apareció en ningún momento. No solamente hay un reconocimiento forzado de la existencia de una Reserva de la Biósfera en este proyecto, sino que además no se reconoce la existencia de la Comunidad Agrícola La Dormida, es decir, según la empresa, en el proyecto presentado, aquí no vive nadie y como no vive nadie claramente no hay medidas de mitigación. Esta es la situación a la que nosotros nos estamos oponiendo jurídicamente en un proceso administrativo y en un proceso judicial. No es posible entender que el Servicio de Evaluación Ambiental pueda haber aprobado eso.
Respecto de las causas que están actualmente vigentes y con las cuales el Equipo Jurídico está trabajando, nosotros tenemos dos causas en materia civil en las cuales estamos alegando.                    Una de ellas tiene que ver con el establecimiento de un Ministro de Fe que no corresponde para poder haber abierto el paso de servidumbre para la construcción de las torres. La Ley establece claramente que el Ministro de Fe que está capacitado para cerciorar el ingreso de la Fuerza Pública es un Receptor Judicial, sin embargo el Tribunal accedió a que el Ministro de Fe  fuera un Notario Público. Esa causa está en tramitación actualmente en Tribunales y estamos pudiendo a los Tribunales Superiores de Justicia que efectivamente reconozcan que un Notario Público no tiene las facultades de un Receptor Judicial.Como Equipo Jurídico queremos dejar en claro y en constancia ante esta Comisión de que el día jueves, cuando se hizo el asunto del desalojo de la torre 826 se produjeron hechos desproporcionados, se hizo un abuso de fuerza que si no pasó a mayores fue porque los ciudadanos que estuvieron allí en ese momento, que lograron pasar las barreras que impuso la policía para poder llegar al sitio, grabaron y trasmitieron por redes sociales, lo que evitó que hubiese habido situaciones más terribles que lamentar y para muestra, si bien como les digo no tenemos todos los antecedentes aún, esto es una muestra de la Orden Judicial que permitió el desalojo de la gente de la torre. Como se puede ver es una orden para desalojar a la gente de la torre, sin embargo, como Equipo Jurídico, hasta el momento, no podemos ni confirmar ni descartar de que no existen antecedentes de que haya una orden para desalojar a la gente del campamento ni tampoco para ingresar al predio. Consecuentemente con lo anterior, tampoco vimos, o no tenemos hasta ahora antecedentes que permitan determinar que hay una orden, que sigue hasta ahora, para poder tener presencia policial en el terreno, que hasta los mismos comuneros que son dueños del predio no puedan ingresar. Raya directamente en la ilegalidad, a menos que aparezcan nuevos antecedentes.                                                                                                                                           Finalmente hay que corroborar esta información con los puntos de prensa donde el mismo Intendente Regional ha establecido, voy a citarlo textualmente de estos informes de prensa cuando dice “ se dieron órdenes directas a las policías, en este caso a Carabineros, para resguardar el acceso a los trabajadores y poder construir ese mínimo porcentaje que falta”.  Esto, y como insisto el Equipo Jurídico está revisando porque no tiene toda la información a mano, pero esperamos tenerla pronto, nos parece muy preocupante y queremos dejarlo claro para esta Comisión.                                                                                                                                               Nos parece altamente preocupante de que al margen de una orden dictada por la Fiscalía y amparada por un Juez de Garantía, el Intendente Regional, que es un actor político, que es un miembro del Poder Ejecutivo, le pueda dar órdenes a las policías para que ingrese a terrenos privados a privar de libertad a personas, siendo que no hay flagrancia, nos parece tremendamente preocupante que una autoridad de gobierno pueda ordenarle a las policías que ingrese a los domicilios de los ciudadanos, porque eso claramente vulnera el Estado de Derecho. Por lo tanto, una de las peticiones que estamos haciendo, a nombre de los comuneros, y que también se ha hecho eco el movimiento social aquí presente, es pedir la responsabilidad política del intendente por las acciones de ese día.”

Luego de escuchar los testimonios y las denuncias de los comuneros y el abogado integrante del Equipo Jurídico, respaldadas por documentos y fotografías, los distintos Diputados y Diputadas entregaron sus opiniones y reflexiones al respecto, las que fueron coincidentes en respaldar los planteado por la Comunidad  acordando finalmente una serie de medidas que serán materializadas a través de distintos Oficios tales como: Oficiar a la Conaf Regional respecto de la protección de la Reserva Mundial de la Biósfera. Solicitar como Comisión, a la Alcaldesa de Olmué , Macarena Santelices y al Concejo Municipal, información respecto a la compatibilidad que tiene este proyecto con el Plan de Desarrollo Comunal. Enviar un tercer Oficio al Ministerio del Interior para que señale si se cumplieron los protocolos policiales los días del desalojo, es decir  el jueves 11 y el viernes 12 de abril, consultando además sí existe algún tipo de protocolo especial para las policías cuando se trata de procedimientos en conflictos medioambientales y al mismo tiempo Oficiar al Ministerio Público para que de claridad y certeza respecto de los Oficios que se generaron, para saber si efectivamente existe un sustento jurídico en los procedimientos anteriormente señalados. Por último se propuso enviar un Oficio al Intendente Jorge Martínez para aclarar la legalidad de su actuar, durante los días jueves 11 y viernes 12, respecto del desalojo que se realizó y de la fuerza con que actuó la policía.

Guillermo Correa Camiroaga, La Dormida  17 abril 2019



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