Este 8 de febrero, se vivió una extensa jornada de
protesta en Valparaíso exigiendo justicia y rindiendo homenaje a Francisco
Martínez Romero, el joven artista callejero asesinado brutalmente por
Carabineros en Panguipulli el sábado 06 de febrero.
Acá no solo son culpables los autores
materiales de este deleznable hecho, sino toda la clase política institucional
que desde el término de la dictadura cívico militar ha conformado gobiernos
civiles que no ha sido capaces, o derechamente no han querido, desmantelar la
doctrina del terrorismo de Estado instaurada en dictadura.
Acomodados al modelo neoliberal se
dedicaron a realizar cambios cosméticos al mismo, colocándole una careta de
democracia, pero con un nauseabundo olor a dictadura y dejando intactas las
bases sobre las que este se sustenta este sistema, incluyendo toda una
legislación y un aparataje represivo pronto a actuar en contra de los sectores
populares que luchan por defender y conquistar sus derechos pisoteados.
Hoy muchos y muchas integrantes de la clase política rasgan vestiduras exigiendo legislar para terminar con la Ley de Control de Identidad Preventivo, este engendro represivo incorporado y aprobado durante el último gobierno de la Nueva Mayoría encabezada por Michelle Bachelet (en la Ley 20.931 del mes de julio de 2016), y que fue el utilizado por las fuerzas policiales para terminar abusivamente con la vida de un joven chileno en Panguipulli que no tenía carnet de identidad.
Estas pataletas para “la galería” no son más que una mascarada indigna con la que algunos y algunas integrantes de la clase política institucional pretenden mejorar su deteriorada imagen ante la opinión pública. Son las y los mismos políticos que se concertaron con la derecha para aprobar el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, a partir del cual se originó un tramposo proceso constitucional que está en curso y que en la práctica significó un salvavidas para el tambaleante gobierno de Sebastián Piñera.
Ni hablar de la legislación represiva que
apoyaron y ayudaron a sacar adelante luego de firmado este Acuerdo, leyes
destinadas a reforzar la “seguridad y el orden interno”, es decir, para
entregar más facultades a los agentes del Estado en su labor represiva en
contra de las y los luchadores populares, ayudando de esta manera a la
criminalización de la protesta social.
La indignación y la rabia que ha provocado el vil asesinato de Francisco Martínez nuevamente encendieron la pradera de las luchas populares, y la llama de la rebeldía iluminó distintos territorios de nuestro país para exigir justicia.
Pese a las limitaciones y restricciones de
la emergencia sanitaria en que nos encontramos, las chilenas y chilenos
rebeldes han salido a protestar para sacar afuera su rabia y mostrar su fuerza llena de dignidad para recordarle a la clase
política, las élites y la institucionalidad neoliberal, que Chile solo está en
pausa a causa de la pandemia, pero el despertar del 18 de Octubre del 2019
sigue latente y pronto a expresarse.
Acá en Valparaíso la Jornada de Protesta comenzó a mediodía, con una convocatoria realizada por los Artistas Callejeros quienes llamaron a reunirse en la Plaza Victoria, lugar en el cual se realizó una intervención artístico musical en homenaje a Francisco Martínez, para marchar posteriormente hacia la intendencia Regional.
Con lienzos, pancartas y consignas las y los manifestantes se desplazaron por las calles céntricas de Valparaíso, exigiendo justicia para Francisco y manifestando que el “arte callejero no es delito”.
Durante la tarde, las y los manifestantes
se congregaron a partir de las 17 horas en la Plaza de la Resistencia,
realizando barricadas y enfrentándose por varias horas con la Fuerzas
Especiales de Carabineros, quienes, como es habitual, utilizaron un numeroso
contingente de efectivos policiales y vehículos de distinto tipo para reprimir
la movilización.
Una vez más los porteños y porteñas
mostraron que la rebelión popular iniciada en Octubre del 2019 sigue viva, a
pesar de las dificultades y restricciones que la pandemia del coronavirus ha
puesto a la movilización social, además de la división y desmovilización que se
ha provocado en el Movimiento Popular como consecuencia del proceso
constitucional en curso, donde una parte importante del mismo se ha ilusionado
con los cantos de sirenas amplificados por la clase política institucional, las
élites y el gobierno derechista de Sebastián Piñera, y están embarcados en una
borrachera electoral que en nada aporta
a la acumulación de fuerzas para terminar con la institucionalidad y el modelo
neoliberal cuestionado masivamente en las calles, barrios y territorios, hasta
antes que se implementaran confinamientos y restricciones de
desplazamiento debido a la instauración
del Estado de Emergencia Sanitario.
Guillermo Correa Camiroaga, Valparaíso 08
Febrero 2021
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