Desde el 2 de noviembre de 1917 cuando mediante la llamada Declaración Balfour el Reino Unido
prometiera a la Organización Sionista británica un hogar nacional en Palestina, Occidente, de la
mano de esa potencia colonial primero y de los Estados Unidos después, ha venido avanzando en la
conquista del territorio de la Palestina histórica, la expulsión de la mayoría de sus habitantes no
judíos y el asentamiento de población extranjera para sustituir a la comunidad local.
En forma sostenida los países occidentales negaron el ingreso de extranjeros a su territorio
-incluidos los judíos- alentaron el asentamiento en la Palestina bajo mandato británico y negaron las
visas de ingreso a sus países a los judíos perseguidos por los nazis. Concluida la llamada Segunda
Guerra Mundial Occidente, cómplice en su mayoría del genocidio de los europeos judíos a manos de
los nazis, apoyó la conquista militar del 78 % de Palestina por parte del movimiento sionista y la
legitimó mediante el reconocimiento al Estado de Israel constituido en franca violación al art. 2 de
la Carta de las Naciones Unidas que prohíbe la conquista de un territorio de otro pueblo.
Simultáneamente consintió la limpieza étnica del 80 % de la población musulmana y cristiana de
Palestina (los palestinos judíos no fueron expulsados) y la no aplicación por parte del Estado de
Israel de la Res. 194/48 de las Naciones Unidas que reconocía el derecho de los refugiados
palestinos a retornar a su hogar, derecho que también reconoce el art. 13 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos..
En 1967 el Estado fundado por el movimiento sionista conquistó militarmente el resto de Palestina
(22 %) sometiendo a la población local a un régimen de control militar y apartheid en violación a
todos los tratados internacionales de derechos humanos. Inmediatamente dio inicio a un proceso
de implantación de población propia en los territorios conquistados en abierta violación al art. 49 de
la convención de Ginebra, proceso promovido por todos los gobiernos israelíes, cualquiera fuera su
color político.
La propuesta de acuerdo de la Administración Trump tiene por objetivo avanzar aún más en el
proceso de conquista de territorio extranjero, legalizando la anexión de Jerusalén Oriental (al Quds
para los pueblos árabes e islámicos), el Valle del Río Jordán y gran parte del territorio de
Cisjordania, incluyendo en el mismo a las tierras en las que se construyeron los asentamientos
ilegales. Simultáneamente propone crear pequeñas concentraciones de población palestina
sometidas al control militar israelí, sin continuidad ni soberanía territorial, propuesta similar en lo
sustancial al sistema de bantustanes que el régimen racista de Sudáfrica pretendiera crear antes
del acuerdo de paz de 1994 con el Congreso Nacional Africano. Los refugiados palestinos de 1948 y
1967 no tendrían derecho a retornar a sus hogares y deberían ser absorbidos por los Estados
árabes vecinos u otros países de religión islámica.
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La propuesta incluye el control por parte del Estado de Israel de todas las fronteras, las aguas del
Río Jordán, el espacio aéreo y electromagnético así como el Mar de Gaza en el que se han
descubierto yacimientos de gas. Este Estado de Palestina minusválido que se proyecta no podría
tener fuerzas armadas propias ni hacer alianzas militares o adherir a organizaciones internación
ales sin el consentimiento de Israel.
En definitiva se trata de una propuesta de legalización de un régimen de conquista territorial
mediante el uso de la fuerza, implantación de población extranjera, limpieza étnica y apartheid con
la creación de mini-organizaciones paraestatales sin soberanía de ningún tipo, todo lo cual confirma
que se trata de una propuesta de estatuto colonial en pleno siglo XXI, en franca contradicción con
el Derecho Internacional y los valores proclamados por las naciones con posterioridad a 1945 para
erradicar en forma definitiva la guerra y establecer la paz mundial.
Buenos Aires, 30 de enero de 2020.
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