Hay un par de consignas que desde la época de la dictadura siguen repitiéndose en forma permanente hasta el día de hoy: “Justicia, Verdad, No a la Impunidad” y “Nunca Más en Chile”. Esta última está cambiando en la actualidad por la frase cliché “garantías de no repetición” y cada vez se repite con más frecuencia por las autoridades de gobierno e incluso por integrantes de organizaciones de derechos humanos. Ambas expresiones se transformaron solo en deseos y esperanzas que la cruda realidad, en los hechos concretos, se ha encargado de demoler rotundamente a través de los años.
Antes de desarrollar esta reflexión quiero hacer presente algunos hechos que han ocurrido recientemente y que guardan relación directa con lo anteriormente enunciado. El primero de ellos tiene que ver con las expresiones vertidas por el ex Comandante en Jefe de la Armada, el Almirante (r) Miguel Ángel Vergara, ante el Alto Mando Naval y empresarios en una actividad enmarcada en las celebraciones del Mes del Mar en el Club Naval de Valparaíso en días pasados, donde manifestó: “(…) los tiempos que vivimos, donde pareciera que todos nuestros valores y principios están siendo trastocados, claman por hombres y mujeres consecuentes con sus convicciones. La patria no solo puede ser amenazada por fuerzas externas, si no también, y quizás más grave, desde su interior y de manera solapada…” haciendo una clara alusión al concepto de “enemigo interno” definido ideológicamente en la doctrina de seguridad nacional, agregando más adelante: “Por eso, los marinos de corazón bien puesto, si fuese necesario, debemos estar preparados para saltar al abordaje, dejando atrás nuestro espacio de confort, al igual como lo hicieron otros que nos precedieron…”, lo que se interpreta como un claro llamado al golpismo y la sedición. Esta alocución, como veremos más adelante, se inserta en la impunidad que impera en Chile.
Los otros hechos que sirven como ejemplo para dar cuenta de la impunidad dicen relación con numerosos procesamientos dictados acá en Valparaíso en estos últimos años en contra de funcionarios de la Armada de Chile, acciones llevadas adelante por destacados, honestos y dignos magistrados como el Ministro Jaime Arancibia y ahora último el Ministro Max Cancino, acciones judiciales que – siendo necesario reiterar y destacar la dedicación, la acuciosidad profesional y la calidad de las investigaciones que han desarrollado estos Ministros- por el solo motivo de ser dictadas después de décadas de ocurridos los hechos constituyen por si mismas también, a mi parecer, otra forma de impunidad. Si a esto le agregamos que los Ministros han indicado en sus resoluciones que “(…) teniendo presente la situación sanitaria del país con ocasión del COVID-19, y siendo todos los procesados personas de la tercera edad, manténganse a estos detenidos en sus respectivos domicilios, bajo custodia de Carabineros de su sector, en tanto se aprueba la resolución que les concederá la libertad provisional, y que será dictada a continuación, en trámite de consulta ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso”, esto viene a significar en la práctica “justicia en la medida de lo posible”, lo que contribuye de igual manera a la impunidad.
Más aún, teniendo en cuenta que estas resoluciones son de primera instancia, pueden apelarse y por lo tanto los procesos judiciales seguirán adelante por otro período de tiempo antes que se lleguen a dictaminar condenas definitivas, en muchos de estos casos también se impondrá la “impunidad biológica” debido al natural fallecimiento de los inculpados, como ya ha ocurrido en algunos casos.
Valga como ejemplo para ilustrar lo anterior el último procesamiento dictado en el mes de mayo de este año por parte del Ministro en Visita para las causas de Derechos Humanos Max Cancino en contra de seis integrantes de la Armada por el secuestro y las torturas a que fue sometido el cantautor Mauricio Redolés, hechos que ocurrieron entre diciembre de 1973 y abril de 1974. Es decir, esta resolución judicial se toma después de casi cincuenta años en que estos hechos ocurrieron. Esta acción judicial, que aún no llega a su fin pues existen instancias de apelación, debe ser considerada como una forma impunidad.
Estos procesamientos dictados después de tantos años son incluso recibidos con beneplácito por integrantes de las organizaciones de derechos humanos, lo que significa que de manera inconsciente se han ido acostumbrando a la “justicia en la medida de lo posible”, normalizando con esta actitud la impunidad.
Otro hecho relevante de estos últimos días es la denuncia que se hace en un extenso reportaje con fecha 24 de mayo que se encuentra a disposición en el sitio web de La Red, firmado por Luis Narváez, en cuya introducción expresa:
“Entre julio de 2017 y agosto de 2018, casi 12 mil ex conscriptos que cumplieron su Servicio Militar Obligatorio durante la dictadura, entregaron testimonios detallados de los abusos que sufrieron a manos de soldados y oficiales. Pero también, algunos de ellos relatan en detalle, crímenes cometidos contra civiles a quienes debieron detener, custodiar o fusilar. La Subsecretaria de la época, Lorena Fríes, que durante su gestión recibió 5.988 relatos, no entregó estos antecedentes ni a los abogados y abogadas del Programa de Derechos Humanos ni a los tribunales de justicia que investigan los crímenes de lesa humanidad cometidos en dictadura. Las juezas especiales, Paola Plaza y Mariela Cifuentes, ordenaron el envío inmediato de la documentación. El plazo corre”
Continuando la reflexión sobre la impunidad en nuestro país quisiera plantear que si bien es cierto que un grupo de agentes del terrorismo de Estado implantado en Chile durante la dictadura cívico militar han sido condenados una y otra vez, acumulando años y años de condena que han cumplido y siguen cumpliendo en una cárcel especialmente construida para ellos como lo es el Penal de Punta Peuco, estos representan solo un reducido número de los responsables directos e indirectos de estas atrocidades, estos agentes continúan siendo respaldados por las instituciones armadas a las que pertenecen, contando además con una serie de regalías que ningún otro preso tiene en nuestro país.
Este reducido número de agentes represivos no da cuenta de la real dimensión de las sistemáticas, generalizadas y brutales violaciones de los derechos humanos cometidas por las instituciones armadas, policiales y de seguridad a lo largo de todo el territorio nacional, amparadas, además, por las instituciones civiles y poderes del Estado durante la dictadura cívico militar.
Por otra parte, durante los gobiernos de la post dictadura se fue instalando el concepto de la “justicia en la medida de lo posible”, que en la práctica concreta ha tenido como consecuencia la instalación de la impunidad en Chile. Aplicación de medidas como la media prescripción de las penas, la vergonzosa lentitud de las investigaciones, procesos que se arrastran durante años y que cuando logran culminar muchas de las condenas aplicadas no guardan relación alguna con la magnitud de los crímenes cometidos, constituyen una serie de elementos que han favorecido la normalización y la instalación de la impunidad en nuestro país.
Ya en los años ochenta el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU V REGIÓN) planteaba una clara concepción global de la IMPUNIDAD. Debido a que esta definición mantiene plena vigencia, transcribo a continuación lo planteado por esta organización de derechoshumanos en una de sus Cartillas de Educación Popular elaborada en aquella década:
CONCEPTO DE IMPUNIDAD:
“En general se tiende a asimilar el concepto de IMPUNIDAD con el de que los culpables de cometer algún acto queden sin castigo, orientándose tal definición hacia una concepción individual del asunto: hay crímenes y por lo tanto existen culpables directos de los mismos a los que se hace necesario castigar.
Esta definición no permite responder una serie de interrogantes que son fundamentales de plantearse, como por ejemplo: ¿por qué actuaron estos responsables directos?; ¿por cuenta propia u obedeciendo órdenes?; ¿estas órdenes fueron dadas individualmente por algunos personeros del régimen que se “excedieron” en sus funciones u obedecieron a directrices más generales?; ¿qué papel han jugado y juegan las Fuerzas Armadas y de Orden con los Derechos Humanos?; ¿Y los aparatos represivos y organismos de seguridad?; ¿cuál ha sido el papel del Poder Judicial?
Indudablemente que estas interrogantes y muchas otras ni siquiera están planteadas al asimilar el concepto de IMPUNIDAD solamente con el juicio y castigo a los culpables. Es sin duda una definición restrictiva.
Para poder acercarnos a una definición política-global del concepto de IMPUNIDAD creemos que es necesario observar al régimen desde su origen y analizar genéricamente la estructuración que éste se ha dado a partir de 1973.
GOLPE MILITAR: RESPUESTA DE LOS PATRONES
El Régimen Militar tiene su punto de partida en el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, que fue realizado por las Fuerzas Armadas y de Orden como Instituciones, y no en forma aislada por un grupo de militares golpistas.
El golpe militar fue la respuesta dada por los grandes patrones nacionales y extranjeros, con el apoyo del Imperialismo Norteamericano, ante el avance del Movimiento Popular el cual durante el período 70-73 no solo luchaba por mejorar sus condiciones socio-económicas, sino además se comenzaba a plantear seriamente la necesidad de cambiar la sociedad por un sistema que favoreciera los intereses de los oprimidos y explotados. Al mismo tiempo, el sistema económico-social de los patrones no podía ayudar a resolver la crisis por la que atravesaba el Imperialismo en general (el modelo desarrollista del capitalismo en Chile).
En líneas gruesas fueron éstas las causas que llevaron a que los patrones, con el apoyo yanqui, utilizaran a su brazo armado representado por las FFAA y de Orden, para actuar en contra del Pueblo.
Los problemas a resolver eran dos. Por un lado, actuar represivamente en contra del Pueblo y en especial en contra de los sectores más consecuentes, con el objeto de aniquilarlo y neutralizar su accionar, encuadrándolo pasivamente en los marcos institucionales que se fueran constituyendo. Por otra parte, era necesario readecuar el sistema económico chileno, de acuerdo con el nuevo modelo fijado por el Imperialismo para Latinoamérica: el modelo neoliberal o de libre mercado.
LAS FUERZAS ARMADAS IDEOLOGICAMENTE PREPARADAS
Para muchos pudo parecer que “de un día para otro” las Fuerzas Armadas chilenas actuaran como un solo cuerpo a favor de los intereses de los patrones. Pero la respuesta es muy directa y concreta: estaban ideológicamente preparadas para ello.
Las Fuerzas Armadas fueron creadas en el Estado Capitalista precisamente como un aparato represor al servicio de los intereses de la clase dominante, es decir, de los patrones.
A lo largo de la historia su actuación ha dejado claramente de manifiesto esta función y baste con recordar la brutal masacre de 3.600 hijos del Pueblo (mujeres, hombres, ancianos y niños) en la Matanza de la Escuela Santa María de Iquique.
Las FFAA han sido adoctrinadas a través de sistemáticos cursos especializados de la llamada DOCTRINA DE LA SEGURIDAD NACIONAL, cursos entregados a los oficiales chilenos y latinoamericanos en general por parte de los Estados Unidos de Norteamérica. Por ejemplo: en 1962 los Estados Unidos destinó 800 hombres del Octavo Grupo de Fuerzas Especiales (BOINAS NEGRAS) a la Escuela de las Américas en la zona del Canal de Panamá y por esa Escuela pasaron hasta el mes de marzo de 1973, 1.261 (mil doscientos sesenta y un) oficiales chilenos.
DOCTRINA DE SEGURIDAD NACIONAL: UN CONCEPTO DE GUERRA INTERNA
La Doctrina de Seguridad Nacional divide al mundo entre buenos y malos. De una parte está el bloque occidental-cristiano, liderado por EEUU, y por otro lado el bloque ateo-comunista liderado por la Unión Soviética. Al mismo tiempo esta ideología posee un concepto de Guerra Interna y Enemigo Interno, el cual está representado por el Pueblo que busca liberarse de la opresión y explotación. Sobre ellos no cabe contemplación alguna según esta doctrina y es necesario actuar en su contra para neutralizarlo, desarticularlo y aniquilarlo.
Teniendo presente los aspectos expuestos en forma muy general, nos parece clara y nítida la respuesta del por qué actuaron las FFAA y de Orden chilenas como un todo en contra del Pueblo desde el 11 de septiembre de 1973 en adelante.
Las Fuerzas Armadas basaron su actuación en el monopolio de las armas sustentado por ellas, elemento fundamental para asegurar su ACCIONAR IMPUNE.
INSTITUCIONALIZACIÓN DEL RÉGIMEN
La utilización de normas especiales como los Estados de Excepción, Estado de Sitio, Estado de Emergencia, etc., sirvieron como complemento para este actuar Impune. Las acciones represivas fueron “legalmente” justificadas a través de la dictación de Bandos y Decretos Leyes en un principio, para posteriormente ir siendo cada vez más complementados y afinados con la dictación de leyes especialmente diseñadas para ello, como por ejemplo el Decreto Ley 2.191 o Ley de Amnistía, y finalmente con la estructuración de toda una institucionalidad represiva plasmada en la Constitución de1980.
En un primer momento las Fuerzas Armadas y de Orden con sus propios aparatos de seguridad actuaron en contra del Pueblo, pero a poco de instalarse el régimen militar se creó una organización de inteligencia (con la participación de miembros de las distintas ramas de las FFAA) como fue la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), con el objeto de complementar y “especializar” el accionar represivo en contra de los sectores más conscientes del Pueblo, que desarrollaron una acción de Resistencia al régimen militar. Los agentes de la DINA (actualmente transformada en CNI) tenían lugares, vehículos y nombres amparados en el anonimato y la clandestinidad, lo que indudablemente no es fruto del azar ni capricho de algunos, sino creación del propio régimen para respaldar la IMPUNIDAD de sus agentes represivos.
DIFERENTES MANERAS DE ACTUAR CON IMPUNIDAD
El accionar represivo más especializado de los organismos de seguridad no eliminó el carácter represivo institucional del régimen, y esto quedó demostrado cuando durante el período 83-86 el Movimiento Popular irrumpió en la escena nacional con sus Protestas y Movilizaciones.
La respuesta institucional no se hizo esperar y los Carabineros con sus Fuerzas Especiales, así como las demás ramas de las Fuerzas Armadas, participaron nuevamente en forma directa en la represión.
A lo largo del régimen ha sido también importante el accionar de grupos “paramilitares” o “comandos clandestinos”, como el Comando Conjunto, el Comando11 de septiembre, El COVEMA (Comando Vengadores de Mártires), el ACHA (Acción Chilena Anticomunista) y otros, a los cuales se les ha pretendido hacer aparecer como desligados del régimen militar, pero en muchos casos ha quedado demostrada la vinculación directa de estos grupos con el régimen. Solo representan una forma más de cómo el régimen ha ido buscando distintas maneras de actuar con IMPUNIDAD.
PODER JUDICIAL CÓMPLICE DEL RÉGIMEN
Por otra parte, el Poder Judicial pocos días después del Golpe Militar entregó su apoyo y “legitimidad” al régimen y durante todos estos años ha jugado un papel importantísimo en el ACCIONAR IMPUNE del Régimen militar. El Poder Judicial no sólo ha sido funcional al régimen, aplicando las normativas “legales” pertinentes en contra de los sectores populares, ayudando así a la legitimación del régimen, sino que además ha actuado sumisamente acatando las directrices generales emanadas del propio régimen.
El rechazo por parte de la Justicia de cientos y cientos de Recursos de Amparo a favor de víctimas de la represión es sólo una pequeñísima muestra del papel desempeñado por la “justicia” chilena. Los Magistrados que han actuado honestamente se cuentan con los dedos de la mano y constituyen la excepción al carácter global del comportamiento del Poder Judicial.
Como bien podemos ver, el problema de la IMPUNIDAD abarca a toda una estructura muy bien conformada de un régimen, en donde el Poder Judicial es un engranaje más de ella.
Por su parte, el Poder Ejecutivo y Legislativo en este régimen ha estado y sigue estando en manos de las Instituciones Armadas a través de sus dirigentes máximos: los Comandantes en Jefe del Ejército, Marina y Aviación, y el Director General de Carabineros.
Por lo tanto, reiteramos, el problema de la IMPUNIDAD no se refiere al accionar de algunos personeros del régimen que cometieron “excesos” en forma individual o actuaron obedeciendo órdenes” de superiores que se “excedieron” en sus funciones, sino que se relaciona con el accionar del régimen como un todo.
ENJUICIAMIENTO INDIVIDUAL NO ES LA SOLUCIÓN
El exigir sólo una responsabilidad individual significa que agentes del Estado que actuaron en la tarea represiva sean enjuiciados y castigados. Ello no es una real solución al problema de la Impunidad porque no cuestiona la base misma del poder del Estado Contrainsurgente. Las violaciones a los Derechos Humanos tienen su origen en el carácter del Estado. Más aún, el sólo enjuiciamiento individual otorga una apariencia de solución al problema de los Derechos Humanos, legitimando socialmente a ese Estado.
EXIGIMOS JUICIO Y CASTIGO
Por todo lo anterior, el CODEPU V REGIÓN (Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo) postula que la única solución real al problema de la Impunidad es la exigencia de que se haga efectiva la responsabilidad institucional de todos los aparatos del Estado y las Fuerzas Armadas por las violaciones a los Derechos Humanos.
Sólo ello permitirá desarticular la represión y cambiar el carácter el Estado, dándole un nuevo carácter que realmente sea expresión de la soberanía popular.
Esta transformación social no la podremos alcanzar a través del camino institucional señalado por el régimen represivo.
Estamos conscientes de que sólo el Pueblo mediante una decidida lucha tiene la fuerza necesaria para recorrer ese camino y alcanzar su propia liberación.”
Agregando otros elementos en relación con la concepción de impunidad del Codepu V región, en el Boletín N°47 del año 1988, previendo lo que podría suceder luego del término de la dictadura, el Comité convocaba a impulsar un Pacto de Lucha Contra la Impunidad, manifestando en su Editorial:
“No basta con tomar conciencia de las violaciones a los Derechos Humanos; no basta con la denuncia y la firma de documentos. Es necesaria la movilización activa de los distintos sectores del Pueblo en Contra de la Impunidad. Es la lucha de los pobladores, de las mujeres, de los trabajadores, de los campesinos, de los estudiantes, de los profesionales, en suma, de TODOS. (…) Luchar contra la impunidad es no permitir que se paseen libremente por las calles de nuestra patria los responsables de los crímenes cometidos en contra del Pueblo. Luchar contra la Impunidad es lograr que el Pueblo movilizado libere al Pueblo encarcelado. Luchar contra la Impunidad hoy día es oponerse a cualquier intento de negociación en materia de Derechos Humanos. Luchar contra la Impunidad es impedir una salida política pactada, en beneficio de los patrones y en perjuicio de los intereses del Pueblo. En suma, luchar contra la Impunidad es continuar fortaleciendo e implementando una alternativa democrático popular que represente los intereses de los oprimidos y explotados (…) Por lo tanto compañeros, luchar contra la Impunidad es para el CODEPU V Región mantener en alto las banderas de la lucha democrático popular que permita acumular la fuerza para que el Pueblo alcance el poder y construya una Sociedad Socialista, en donde efectivamente los Derechos del Pueblo sean una realidad y en donde el Pueblo asegure el Juicio y Castigo a los culpables. ESTA ALTERNATIVA DEBEMOS CONSTRUIRLA HOY, PUES LOS DERECHOS DEL PUEBLO SE CONQUISTAN LUCHANDO”.
En esta concepción de Impunidad desarrollada por el CODEPU V región, que comprende tanto el juicio y castigo a los autores directos como a los responsables jerárquicos, intelectuales y políticos de estas violaciones a los Derechos Humanos, también se desprende y engloba la necesidad de no repetición de estos hechos, el “Nunca Más”, pero para que esto se materialice no basta con que quede escrito en un documento o en una nueva Constitución, puesto en el cumplimiento real de dicho objetivo es asimismo necesario realizar una profunda reestructuración y democratización de las Fuerzas Armadas y de Orden, las que deben necesariamente quedar bajo control popular; de lo contrario, el tan anhelado “Nunca Más” se traducirá en declaraciones de buenas intenciones, solo en “letra muerta”.
Las distintas visiones y opciones políticas que fueron tomando las diferentes organizaciones de Derechos Humanos, populares, sociales y los partidos políticos que aceptaron participar de la institucionalidad con las reglas del juego impuestas desde la dictadura cívico militar, impidió llevar a la práctica este Pacto de Lucha Contra la Impunidad propuesto por el CODEPU V región, a pesar de todos los esfuerzos realizados por el Comité en la lucha en contra de la Impunidad desplegada por esta organización popular desde su fundación hasta el año 1993 cuando deja de funcionar.
La aceptación institucional del modelo económico, político, social y cultural instaurado durante la dictadura cívico militar, las diferentes comisiones e informes de derechos humanos elaborados posteriormente , junto con la doctrina de la “justicia en la medida de lo posible” implementada por los gobiernos civiles de la post dictadura, además de las negociaciones y acuerdos alcanzados en materia de Derechos Humanos respecto a justicia, verdad y reparación, ha significado en la práctica concreta la instauración en Chile de la Impunidad en sus más variadas formas de manifestación.
Volviendo al inicio de estas reflexiones, con respecto al hecho relacionado con las expresiones del Almirante (r) Miguen Ángel Vergara, para los porteños y porteñas que conocemos directamente la participación preponderante de la Armada de Chile en la preparación e instauración del golpe de Estado de 1973, estas opiniones que son manifestadas por uniformados en retiro hay que tomarlas seriamente, ya que muchas veces manifiestan lo que la institución no puede plantear de manera oficial.
Estas ideas expuestas por el ex Comandante en Jefe en el Club Naval de Valparaíso demuestran que el “Nunca Más en Chile” es tan solo otro deseo e ilusión de acuerdo a lo planteado dentro del concepto global de impunidad elaborado por el Codepu V Región, concepto que a mi modo de ver sigue, en términos generales, muy vigentes, ya que las instituciones armadas y los civiles instigadores del golpe y partícipes de la dictadura cívico militar, como plateaba anteriormente, no han sido tocados en absoluto.
Además, las Fuerzas Armadas siguen sustentándose ideológicamente, con las readecuaciones y modernizaciones pertinentes, en la doctrina de seguridad nacional que define a los sectores que luchan por sus derechos y por su liberación como los “enemigos internos a neutralizar”.
Guillermo Correa Camiroaga, Valparaíso 25 mayo 2022
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