Ir al contenido principal

Las políticas comunicacionales negacionistas del gobierno y las instituciones castrenses


Marcela Cornejo y Karinna Fernández
Cuando se cumplen cinco meses del inicio de la #Revuelta, la gobernabilidad chilena sigue en medio de una crisis de legitimidad sin precedentes desde el término de la dictadura civil-militar. Como es de conocimiento público, cuatro informes de observadores internacionales han detallado las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Los presos y presas políticos suman más de 2 mil, las personas con daño ocular más de 445 y las personas muertas desde el 18 de octubre son más de 30. Sin embargo, estas no han sido las únicas formas de vulneración e intimidación, ya que tanto el gobierno como las instituciones castrenses -no deliberativas- han implementado profundas políticas comunicacionales negacionistas de lo obvio, pero también destinadas a intimidar, amenazar y criminalizar a sus opositores y opositoras.

Uno de los casos más mediatizados, fue la amenaza realizada por Carabineros a la cantautora Mon Laferte, quienes anunciaron, el 30 de noviembre, mediante comunicado de prensa leído por su vocero, el coronel Julio Santelices, que la institución había oficiado al Fiscal Nacional para citarla a declarar, agregando que la institución realizaría acciones judiciales civiles y penales en su contra. Lo anterior, a propósito de las denuncias sobre la participación de personal policial en los incendios de algunas estaciones de metro.

Durante los meses siguientes, si bien la cantante recibió un amplio apoyo ciudadano en redes sociales, la incertidumbre de su situación, y las amenazas de la criminalización originada en expresiones vertidas en el ejercicio de su libertad de expresión, constituyen una planificada forma de agresión por parte de Carabineros, estrategia que se reitera cuando tras la llegada de la cantautora al país, para asistir al Festival de Viña del Mar, falsamente Carabineros informó a los medios de comunicación que el día viernes 21 de febrero pidió a través de su departamento de justicia que la artista sea citada a declarar.

Luego de la vulneración del perímetro del monumento a los Héroes de Iquique, en la plaza Sotomayor de Valparaíso, inmediatamente el Ministerio de Defensa emitió un comunicado que condena esta agresión y lanzó la siguiente advertencia: “Por su parte, las Fuerza Armadas harán uso del legítimo derecho a la defensa y todas las normas que las faculten para la protección de recintos militares y de los símbolos patrios bajo su custodia”. Agrega, el Ministro de Defensa a través de un video en Twitter, una amenaza, sosteniendo que llegarán hasta las últimas consecuencias contra los responsables de este “atentado” al monumento.

Las Fuerzas Armadas tampoco se han quedado atrás, mostrando total autonomía. Los altos mandos han hecho expresiones públicas de su posición frente al actuar y motivación de las manifestaciones sociales. La Armada, en tanto, emitió un comunicado similar, afirmando que “queremos manifestar a la opinión pública de la forma más clara y enfática que no permitiremos que un acto como este se vuelva a repetir y utilizaremos todos los recursos que nos otorga la ley para proteger el lugar donde descansan nuestros héroes patrios”. Pareciera que cada organismo se manda solo, puede declarar, amenazar, advertir, y hacer uso de la fuerza cuando lo estime conveniente.

Otro caso similar, que buscó generar terror y angustia en la población, fue el ultimátum de parte de la otrora ministra de Educación, Marcela Cubillos, contra los voceros de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, ACES, quien los amenazó, también a través de los medios de comunicación y redes sociales, con impedirles la rendición de la Prueba de Selección Universitaria (PSU). Con esto buscaba desarticular un movimiento en alza que generó la mayor crisis en la rendición de esta cuestionada prueba de ingreso a la educación superior.

Recientemente, durante la marcha del 8M, Marcos Díaz Ibacache, funcionario del Ejército, vestido de civil, amenazó la vida de una manifestante con un cuchillo, siendo formalizado por porte ilegal de arma cortante y amenazas. Sin embargo, el Ejército, lejos de criticar el evidente accionar ilegal del agente estatal en contra de los derechos más esenciales de una mujer que ejercía su derecho a la protesta, emitió desde la Comandancia en Jefe un comunicado afirmando que el funcionario estaba ejerciendo labores de seguridad militar que implicaban el resguardo de armamento de guerra y repudiando oficialmente la alegada agresión sufrida por el funcionario, quien de paso se querelló contra la víctima. Lo mismo ocurrió respecto del caso de Patricio Bao, quien fue brutalmente agredido por fuerzas especiales, reconociendo el propio ministro del Interior, Gonzalo Blumel, el desmedido actuar de Carabineros y  el anuncio que se harían las investigaciones necesarias, el Intendente de la región metropolitana se querella contra la víctima, dejando en evidencia la verdadera impunidad que se está instalando.

¿Qué se busca con este actuar comunicacional? Claramente generar miedo directo en las víctimas aludidas y terror en la sociedad, que evidencia cómo las instituciones gubernamentales y estatales, lejos de proteger sus derechos fundamentales y esenciales en una sociedad democrática, opta por negar las graves violaciones a los derechos humanos, al tiempo que públicamente amenaza con criminalizar a quienes ejercen sus derechos. También puede ser el reflejo de la herencia autoritaria de sectores de la derecha y de lo que fue la extinta Concertación, quienes no aceptan que Chile cambió y que la dictadura y su Constitución tutelada, ven sus últimos días.


Marcela es periodista de Londres 38 espacio de memorias y Karina es abogada defensora DD.HH. de la misma organización.

Comentarios

Entradas populares de este blog

"Se Harà Justicia" libro escrito por Carlos Gajardo Pinto (ex fiscal) presentado en valparaìso

A un costado del palacio Baburizza,donde encuentra la libreria Manuel Rojas se presento el libro "Se Harà Justicia" escrito por Carlos Gajardo Pinto ex fiscal de la republica.El libro fue presentado por Christian Viera Alvarez y el autor Carlos Gajardo En este libro, donde, además de hacer un recorrido por la realidad jurídica en Chile durante la última década, revisa algunos de los casos que han puesto de manifiesto la crisis del sistema: Penta, SQM y Corpesca, entre otros, destacando la falta de condenas por ilícitos con las que solo algunos se han visto privilegiados. Carlos Gajardo Pinto  “Cuando ejercía como fiscal, era recurrente en reuniones de trabajo reflexionar sobre los niveles de confianza de la ciudadanía en el sistema judicial  y la manera de mejorarlos. Sin embargo, cada cierto tiempo escuchaba voces que le ponían paños fríos a esa inquietud, indicando que el sistema, por defecto, siempre dejaba insatisfechas a las personas, que el índice de resolución de delit

MIEMBROS DE LA ARMADA (R) PROCESADOS POR GRAVE DAÑO Y TORTURAS.HECHOS OCURRIDOS EN EL CUARTEL SILVA PALMA

CUARTEL SILVA PALMA Valparaìso Otilia Eliana Berta Toro Parada, fue ordenada detener, por primera vez, por las autoridades del Servicio de Inteligencia de la Comandancia de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior (SICAJSI), por su calidad de militante del Partido Socialista, lo que se concretó el día 26 de diciembre de 1973, en su domicilio ubicado en calle Santa Marta N° 34, Cerro Playa Ancha, Valparaíso, siendo conducida al recinto de detención denominado Cuartel Silva Palma, Otilia Toro Parada fue ordenada detener en una segunda oportunidad, lo que se concretó el 2 de enero de 1974, en los mismos términos antes descritos, oportunidad en que los interrogadores dispuestos en el Cuartel Silva Palma, volvieron a interrogarla y torturarla Con estos antecedentes.el ministro Max Cancino Cancino, sometió a proceso a cinco miembros en retiro de la Armada, por su responsabilidad en los delitos de secuestro con grave daño y aplicación de tormentos a Otilia Eliana Berta Toro Parada. Ilíci

CON UN CORTE DE CALLE,VECINOS DEL CERRO CORDILLERA EXIGEN LA APERTURA DEL ASCENSOR (fotos + video)

A mediodía vecinos del sector se reunieron en la estación alta del del ascensor a exigir la apertura de este medio de locomoción muy importante para los vecinos .Durante la protesta los vecinos hicieron un corte de calle por unos minutos pidiendo al MOP que de la cara por esta situación