Marcela Cornejo y Karinna Fernández
Cuando se cumplen cinco meses del inicio de la #Revuelta, la
gobernabilidad chilena sigue en medio de una crisis de legitimidad sin
precedentes desde el término de la dictadura civil-militar. Como es de
conocimiento público, cuatro informes de observadores internacionales han
detallado las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Los
presos y presas políticos suman más de 2 mil, las personas con daño ocular más
de 445 y las personas muertas desde el 18 de octubre son más de 30. Sin
embargo, estas no han sido las únicas formas de vulneración e intimidación, ya
que tanto el gobierno como las instituciones castrenses -no deliberativas- han
implementado profundas políticas comunicacionales negacionistas de lo obvio,
pero también destinadas a intimidar, amenazar y criminalizar a sus opositores y
opositoras.
Uno de los casos más mediatizados, fue la amenaza realizada
por Carabineros a la cantautora Mon Laferte, quienes anunciaron, el 30 de
noviembre, mediante comunicado de prensa leído por su vocero, el coronel Julio
Santelices, que la institución había oficiado al Fiscal Nacional para citarla a
declarar, agregando que la institución realizaría acciones judiciales civiles y
penales en su contra. Lo anterior, a propósito de las denuncias sobre la
participación de personal policial en los incendios de algunas estaciones de metro.
Durante los meses siguientes, si bien la cantante recibió un
amplio apoyo ciudadano en redes sociales, la incertidumbre de su situación, y
las amenazas de la criminalización originada en expresiones vertidas en el
ejercicio de su libertad de expresión, constituyen una planificada forma de
agresión por parte de Carabineros, estrategia que se reitera cuando tras la
llegada de la cantautora al país, para asistir al Festival de Viña del Mar,
falsamente Carabineros informó a los medios de comunicación que el día viernes
21 de febrero pidió a través de su departamento de justicia que la artista sea
citada a declarar.
Luego de la vulneración del perímetro del monumento a los
Héroes de Iquique, en la plaza Sotomayor de Valparaíso, inmediatamente el
Ministerio de Defensa emitió un comunicado que condena esta agresión y lanzó la
siguiente advertencia: “Por su parte, las Fuerza Armadas harán uso del legítimo
derecho a la defensa y todas las normas que las faculten para la protección de
recintos militares y de los símbolos patrios bajo su custodia”. Agrega, el
Ministro de Defensa a través de un video en Twitter, una amenaza, sosteniendo
que llegarán hasta las últimas consecuencias contra los responsables de este
“atentado” al monumento.
Las Fuerzas Armadas tampoco se han quedado atrás, mostrando
total autonomía. Los altos mandos han hecho expresiones públicas de su posición
frente al actuar y motivación de las manifestaciones sociales. La Armada, en
tanto, emitió un comunicado similar, afirmando que “queremos manifestar a la
opinión pública de la forma más clara y enfática que no permitiremos que un
acto como este se vuelva a repetir y utilizaremos todos los recursos que nos
otorga la ley para proteger el lugar donde descansan nuestros héroes patrios”.
Pareciera que cada organismo se manda solo, puede declarar, amenazar, advertir,
y hacer uso de la fuerza cuando lo estime conveniente.
Otro caso similar, que buscó generar terror y angustia en la
población, fue el ultimátum de parte de la otrora ministra de Educación,
Marcela Cubillos, contra los voceros de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes
Secundarios, ACES, quien los amenazó, también a través de los medios de
comunicación y redes sociales, con impedirles la rendición de la Prueba de
Selección Universitaria (PSU). Con esto buscaba desarticular un movimiento en
alza que generó la mayor crisis en la rendición de esta cuestionada prueba de
ingreso a la educación superior.
Recientemente, durante la marcha del 8M, Marcos Díaz
Ibacache, funcionario del Ejército, vestido de civil, amenazó la vida de una
manifestante con un cuchillo, siendo formalizado por porte ilegal de arma
cortante y amenazas. Sin embargo, el Ejército, lejos de criticar el evidente
accionar ilegal del agente estatal en contra de los derechos más esenciales de
una mujer que ejercía su derecho a la protesta, emitió desde la Comandancia en
Jefe un comunicado afirmando que el funcionario estaba ejerciendo labores de
seguridad militar que implicaban el resguardo de armamento de guerra y
repudiando oficialmente la alegada agresión sufrida por el funcionario, quien
de paso se querelló contra la víctima. Lo mismo ocurrió respecto del caso de
Patricio Bao, quien fue brutalmente agredido por fuerzas especiales,
reconociendo el propio ministro del Interior, Gonzalo Blumel, el desmedido
actuar de Carabineros y el anuncio que
se harían las investigaciones necesarias, el Intendente de la región
metropolitana se querella contra la víctima, dejando en evidencia la verdadera
impunidad que se está instalando.
¿Qué se busca con este actuar comunicacional? Claramente
generar miedo directo en las víctimas aludidas y terror en la sociedad, que
evidencia cómo las instituciones gubernamentales y estatales, lejos de proteger
sus derechos fundamentales y esenciales en una sociedad democrática, opta por
negar las graves violaciones a los derechos humanos, al tiempo que públicamente
amenaza con criminalizar a quienes ejercen sus derechos. También puede ser el
reflejo de la herencia autoritaria de sectores de la derecha y de lo que fue la
extinta Concertación, quienes no aceptan que Chile cambió y que la dictadura y
su Constitución tutelada, ven sus últimos días.
Marcela es periodista de Londres 38 espacio de memorias y
Karina es abogada defensora DD.HH. de la misma organización.
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